Contratación Pública: Soluciones Digitales en el Sector del Agua
Para los Contratistas que llevan muchos años trabajando con las empresas en el sector del agua, es inevitable compartir las tecnologías y las soluciones digitales que, aun siendo diferentes en su concepción, todas ellas persiguen el mismo objetivo: la digitalización de las Entidades Públicas y los servicios que prestan a la ciudadanía.
Los Mercados deben implementar soluciones digitales como parte del proceso de transformación digital obligada e impulsada a cubrir las necesidades de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Y el principal responsable de la gestión del dato es la propia administración del Estado y sus organismos públicos que prestan estos servicios al ciudadano. Para entenderlo, pongamos un ejemplo rabiosamente actual y cuyo destino de los Fondos PERTE ha sido muy significativo en el panorama actual y que lo seguirá siendo en los años futuros: Hablemos del Mercado de Telemetría y Telecontrol en la Contratación Pública.
Los
mercados de Telecontrol y Telemetría en España presentan oportunidades
significativas, particularmente a través del PERTE para la Digitalización del
Ciclo del Agua. Esta iniciativa ha transformado el sector, movilizando una
inversión pública y privada sustancial y generando una demanda de soluciones
tecnológicas sin precedentes. Dentro del sector del agua, destaca la
telelectura inteligente (Smart Metering), ya que se ha acelerado la transición
de contadores analógicos a digitales utilizando tecnologías como NB-IoT y
LoRaWAN. El objetivo final es garantizar la interoperabilidad y el control de
los datos mediante la integración en plataformas unificadas HES/MDM.
Sin
embargo, los contratistas enfrentan riesgos respecto al despliegue y desarrollo
de tecnologías que deben alinearse con requisitos técnicos rigurosos. Entre
ellos destacan los Gemelos Digitales (Digital Twins), que permiten la
integración de datos de telemetría en modelos hidráulicos en tiempo real.
Además, el cumplimiento de las certificaciones ENS es obligatorio para abordar
las necesidades de ciberseguridad, dado que el agua está clasificada como una
infraestructura crítica. El objetivo es la integración total de estas
tecnologías en todos los municipios de la Península Ibérica, donde los datos se
han convertido en el pilar central de las empresas de servicios públicos
europeas.
Desde el
punto de vista de la cualificación y la ejecución, estas licitaciones públicas
son altamente complejas. Imponen cronogramas de implementación exigentes,
requieren equipos técnicos especializados y conllevan una inversión financiera
significativa. Para los contratistas, esto incluye la prestación de garantías y
la gestión de la inmovilización de fondos o el uso de líneas de crédito de alto
valor, lo que puede limitar la capacidad financiera y la liquidez para otros
proyectos. Finalmente, factores críticos como los derechos de Propiedad
Intelectual (PI) y la responsabilidad en materia de protección de datos siguen
siendo fundamentales en estos procesos.
Existen
varios factores que influyen en la selección de un proveedor de telemetría, y
todos ellos son importantes en su conjunto. El precio debe ser competitivo sin
desviarse de los estándares del mercado. El hardware debe cumplir con las
especificaciones requeridas y ofrecer suficiente flexibilidad para su
implementación, desarrollo futuro y mantenimiento durante toda la vida útil
exigida. En consecuencia, el proveedor elegido debe demostrar la capacidad de
prestar servicio a largo plazo, incluso si se imparte formación específica a la
empresa de servicio público. En muchos casos, el software debe ser compatible
con entornos de código abierto (open-source). También la cesión de la propiedad
intelectual es un requisito recurrente, al igual que la creación de una
plataforma que proporcione una visión holística de la integración de datos, la
gestión y la interoperabilidad entre todos los operadores implicados en el proceso.
En
general, las fortalezas y debilidades principales son similares entre los
proveedores líderes. Participar en el mercado de telecontrol y telemetría para
grandes empresas de servicios públicos a menudo requiere involucrar a varias
firmas para cubrir todos los requisitos —especialmente si los Pliegos de
Condiciones no especifican una división por lotes— e incluso puede hacer
necesaria la subcontratación. Además, el análisis del Estado de Trabajo (SOW)
interno implica cumplir con términos financieros específicos definidos en dicho
documento formal; estos deben consolidar factores medibles como el coste total,
los hitos de pago o los pagos por Tiempo y Materiales (T&M), todos
alineados con las políticas internas y los estándares de cumplimiento (compliance)
de cada compañía. Y, como añadido, el alcance, los entregables y los
cronogramas deben detallarse para garantizar que los pagos se liberen solo tras
la finalización de las diversas fases de implementación tecnológica.
Por otra
parte, los recursos humanos que forman parte como adscripción de medios al
contrato, incluidos los Curriculum Vitae y las cualificaciones académicas,
deben estar justificados legalmente mediante registros profesionales. En
algunos casos, un porcentaje del tiempo de ejecución del contrato requiere
presencialidad en las instalaciones de la entidad gestora del agua. Por otro
lado, la inmovilización de fondos o el uso de líneas de crédito de alto valor
reduce la capacidad financiera y la tesorería de la empresa para otros
proyectos, lo que requiere una estrategia financiera integral.
Complejo,
¿verdad? Pero aquí no acaba todo.
La
complejidad también surge en la coordinación de Uniones Temporales de Empresas
(UTE) donde todas las empresas participantes deben poseer
individualmente la capacidad legal para participar en la contratación pública.
Esto incluye escenarios que implican la cesión de solvencia técnica (pero no
económica) o preocupaciones por la confidencialidad de la solución digital que
se ofrece; en tales ofertas, las tecnologías propias pueden quedar expuestas a
competidores en caso de recursos en materia de contratación pública.
Adicionalmente,
la capacidad de proporcionar planes de formación para las plataformas
escalables desarrolladas es esencial. Desde una perspectiva legal, se deben
evaluar las licencias de uso y los perfiles especializados —como, por ejemplo,
expertos en modelado hidráulico, ingenieros jefes en “hidro-informática” e
ingenieros “senior”—, todos respaldados por una vida laboral certificada por el
instituto de la seguridad social y títulos académicos acreditativos.
En este
punto donde hay tanto trasiego de envío de datos protegidos y personales se
suscita un punto discutible: aunque mantener la confidencialidad del producto
es vital, es importante señalar que todos estos elementos forman parte de un
largo proceso administrativo, que normalmente incluye una fase de precalificación
antes de que se envíe una invitación formal a las empresas que cumplen con los
criterios tecnológicos. En última instancia, los exigentes y específicos
requisitos para el equipo técnico determinan la fortaleza o debilidad general
de un proveedor, mucho más allá de las especificaciones técnicas de su producto
por sí solas.
Y ahora
están los competidores, la amalgama de empresas que pugnan por el mismo
objetivo. Y sí, efectivamente, existe una afluencia de nuevos competidores,
dirigidos principalmente a municipios medianos —que son numerosos en España— y
a proyectos priorizados como urgentes por la iniciativa PERTE (dada la fecha
límite de finalización en el verano de 2026 pero vendrán más fondos europeos en
el futuro que aseguran este mercado). Las oportunidades donde participan estos
nuevos actores se basan en tecnologías de telemetría de bajo consumo, donde la
implementación está estandarizada en la mayoría de los casos y no requiere un
desarrollo tecnológico específico o integrado.
Sin
embargo, estas firmas carecen de la capacidad financiera para emprender
proyectos a gran escala donde se requiere solvencia financiera a largo plazo y
la capacidad de mantener el servicio durante muchos años. Este es un requisito
constante en las concesiones de servicios de agua, donde los plazos operativos
abarcan muchos años. En consecuencia, su estrategia dentro de los proyectos del
PERTE es integrarse en UTE´s o Consorcios junto a grandes operadores privados
de agua.
¿Cuál debe
ser entonces la estrategia comercial para el Contratista?
Se deben
combinar dos factores clave. Primero, gestionar los entregables bajo contratos
menores, donde la telemetría y el telecontrol dependen de soluciones
estandarizadas; tener presencia aquí asegura futuras oportunidades como
proveedor para proyectos más grandes supervisados por las Confederaciones
Hidrográficas que tutelan dichos municipios. Segundo, centrarse en los
proyectos del PERTE y en las inversiones futuras impulsadas por los nuevos
fondos europeos —una vez que hayan concluido los fondos Next Generation
para el sector del agua— que permitirán continuar con la transformación digital
de los principales operadores de agua.
Para los
Contratistas que llevan muchos años trabajando con las empresas en el sector
del agua, es inevitable compartir las tecnologías y las soluciones digitales
que, aun siendo diferentes en su concepción, todas ellas persiguen el mismo
objetivo: la digitalización de las Entidades Públicas y los servicios que
prestan a la ciudadanía. De esta manera, estas soluciones se vuelven similares
y con la misma filosofía donde se desarrollan soluciones digitales para la
transformación de la industria, construyendo colectivamente una red basada en
el Internet de las Cosas (IoT). Por ello, los Responsables de Licitaciones para
el Sector Público y la Contratación Gubernamental deben dirigir equipos
multidisciplinares donde converja la experiencia técnica con la administrativa
donde debemos seguir escrupulosamente cada fase de los procesos administrativos
y técnicos de las licitaciones del sector público.
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